Griegos denuncian al Gobierno por atentar contra la democracia
(Foto: EFE)
Pedro Olalla. Atenas
Como ya se sabe, el gobierno
griego emitió el pasado sábado un decreto de movilización forzosa del
profesorado (Y281/11.5.2013 ΦΕΚ 1139Β) para impedir que la Federación de
Funcionarios de Enseñanza Media (OLME) llegase a convocar una huelga en época
de exámenes de acceso a la universidad y que los profesores llegasen a ejercer
su derecho constitucional de secundarla.
Lo que quizás no sepan aún
es que, desde ayer, agentes de la policía visitan los domicilios particulares
de los docentes para entregarles en mano el requerimiento por el que, desde el
mediodía del 15 de mayo y hasta nuevo aviso, se les obliga a prestar sus
servicios con normalidad en su puesto de trabajo, bajo pena de prisión de al
menos tres meses si se niegan a hacerlo o a dar por recibido el aviso.
Así de expedito. Así de
democrático. El gobierno envía a la policía a casa de los ciudadanos para
intimidarles y para disuadirles de ejercer su derecho a la huelga. Y no es que
el gobierno dé mucha importancia a las huelgas, porque las varias generales y
las más de tres mil movilizaciones que ha habido en los últimos tres años no
han conseguido apartar ni un ápice la política gubernamental de la hoja de ruta
señalada por la Troika. Las huelgas no le importan nada; sólo en el caso de que
una circunstancia eventual –como la coincidencia con los exámenes de
selectividad– pueda potenciar sensiblemente su efecto: entonces se prohíben por
decreto y se envía a domicilio a la policía.
La razón que se esgrime, claro está, es la del interés
común. Pero al pueblo corresponde valorar con firmeza y con responsabilidad si
son los eventuales docentes huelguistas o es la política gubernamental de los
últimos tiempos lo que amenaza realmente este sólido principio.
pedroolalla.com
