Pedro Olalla. Atenas, 5 junio 2010
Hace ahora un mes, comenzaba a escribir esta serie de artículos sobre la situación de la “crisis” en Grecia con uno titulado “La alerta griega”. En él sostenía que la crisis de Grecia no es sólo de Grecia, que lo que está ocurriendo aquí no es una mera crisis de carácter local, sino un efecto más de un perverso proceso de especulación de alcance global basado en la obtención de lucro a partir del endeudamiento. Recordaba también que uno de cada cinco dólares de la deuda conjunta de todos los países del mundo se le debe al FMI y el Banco Mundial. Y decía que estas instituciones, en la aplicación de sus “recetas económicas”, “convencen” a los gobiernos para que contraten sus prestamos, imponen la privatización y la venta a inversores extranjeros de los recursos naturales del país (minas, aguas, cultivos) y de las más rentables empresas públicas (puertos, telecomunicaciones, etc.), exigen exenciones fiscales para las inversiones de las multinacionales, “recomiendan” la compra de armamento y la inversión en fuerzas policiales que garanticen el orden público, aumentan los impuestos indirectos en bienes de consumo (IVA) y exigen austeridad y recortes en las prestaciones sociales.
En las últimas semanas, el discurso político y mediático de España ha sido decir, en tono de alivio, que “España no es Grecia”, que nuestra cuenta de resultados es mejor (aunque el paro sea el doble) y que los griegos, en el fondo, se merecen lo que ahora les pasa por ser vagos y díscolos y propensos a huelgas y manifestaciones. Esperemos que, ahora que la anunciada marea ha llegado a España y comienzan a recortarse sueldos y pensiones, los españoles sopesen mejor su juicio sobre Grecia y tomen consciencia del alcance de la verdadera situación que amenaza con tocarles el bolsillo.
La realidad es que, desde una perspactiva histórica, asistimos en los últimos años a una creciente apropiación de parcelas del poder por parte de las entidades financieras. El capital, que gana dinero fomentando la “crisis” y la deuda, tiene cada vez un mejor aliado en los gobiernos, ya sea por connivencia, ya por coerción. Estamos asistiendo a una especie de comunismo inverso: a una mutación del sistema que hace que los Estados desvíen sus mecanismos de protección de la ciudadanía hacia la clase capitalista. Recortes en sueldos, pensiones y prestaciones para “amortiguar” el riesgo de inversores y bancos: socialiación del riesgo y privatización del beneficio. Hace apenas dos años, en un gesto en esta línea, Grecia “socorrió” a los bancos con 28.000 millones del erario público “para evitar males mayores derivados de una posible crisis”. España y otros países hicieron lo mismo, sin mucha resistencia.
Hoy, para salir de esa “crisis”, nos convertimos en clientes de nuestros subsidiados y contraemos con ellos nuevos préstamos, a un interés bien alto, que habrá que devolver con el dinero del erario público, recortando salarios, pensiones, sanidad y aplicando reformas laborales que hagan atractivo el solar para los inversores. Un botón de muestra, sin ir más lejos: se calcula que la supresión de las dos pagas extras a los pensionistas reportará anualmente al presupuesto del Estado griego un ahorro de 650 millones de euros, cantidad no despreciable; no obstante, el actual gobierno socialista no duda en gastar cinco veces más en comprar seis fragatas francesas y seis submarinos alemanes. No faltarán argumentos para tratar de convencernos de la imperiosa necesidad de esa inversión en armamento para la seguridad de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Pero tal vez convenga recordar que, hace ahora diez años, urgidos también por la imperiosa necesidad de proteger la patria, encargamos a Alemania cuatro submarinos ultramodernos U214 por valor de 2.650 millones de euros, pagando un anticipo del 75%, y que dichos submarinos aún no han sido entregados. Eso sí, las industrias alemanas de armas entregaron a oficiales griegos comisiones por valor de 90 millones de euros y, en la actualidad, el entonces ministro de Defensa esta siendo investigado por la sospechosa compra de una mansión frente a la Acrópolis a nombre de su esposa por el módico precio de 1.100.000 euros.
La conclusión es que nos engañan. Que nos engañan siempre y como quieren. Y a lo que ahora está llamada la ciudadanía europea (si es que existe), en Grecia y en España, y en todos los países de Europa, es a hacer frente común contra el abuso, es a exigir a los gobiernos que frenen a los especuladores o que se vayan a casa, que gobiernen para el pueblo que les confía el poder y no para sus propios intereses en connivencia con corruptores y especuladores, que exijan un replanteamiento del “plan de rescate” desde una nueva base justa y solidaria, que si esto no se acepta se nieguen a pagar la deuda, y que obliguen a los inversores a asumir el “riesgo” de sus descabelladas operaciones en vez de acudir en su auxilio con el dinero público para que siempre salgan gamando. La ciudadanía debe exigir a los gobiernos que sean valientes y justos; y, si no, que paguen por sus responsabilidades y que se vayan. Grecia lleva meses de protesta permanente; veremos lo que pasa en España.
