Pedro Olalla. Atenas
Hace ahora más
de un año y medio, a la vista de lo que entonces estaba sucediendo en Grecia,
dije que, muy probablemente, España sería “rescatada”. Hoy, aunque el gobierno
lo siga maquillando de eufemismos, el “rescate” es ya un hecho incuestionable.
Para hacer
aquella afirmación no hacía falta ser ningún adivino, bastaba con darse cuenta
de que en ambos países se daban “condiciones” favorables al “rescate” y tener
en cuenta la avidez de los “rescatadores”. Esas “condiciones” –deuda externa,
endeudamiento público, evasión fiscal, corrupción, pérdida de competitividad,
alta tasa de paro, (agravadas en el caso de España con particularidades como la
“burbuja inmobiliaria”, el endeudamiento privado o la costosa mecánica del
Estado de las Autonomías)- no son precisamente las causas de la “crisis”, pero,
presentadas como tales con acierto mediático, contribuyen de manera eficaz a la
aceptación de los “rescates” por el pueblo, que es, a fin de cuentas, el que
habrá de pagarlos.
Ahora, con el
“rescate”, llegan también las primeras “medidas” que vertebran el plan de los
“rescatadores” y de sus aliados políticos: un gobierno de cualificados
“gestores” que entienden de números; un ministro de economía de la confianza de
la élite financiera internacional (y de su cantera); paquetes de recortes
“imprescindibles” en sanidad y educación; capitalización “imprescindible” de la
banca con fondos públicos y por mayor cuantía de lo ahorrado a base de
recortes; reformas de la legislación laboral en detrimento de los trabajadores;
aumento del IVA y recargos en el agua, la electricidad y los combustibles; medidas
para el control de los medios de información; incremento acelerado de los
dispositivos policiales de seguridad y orden público; etcétera.
Todo lo que
sucede en España en los últimos meses –incluida la fraseología y la retórica
del establishment político y
mediático- es un déjà vu de lo
sucedido en Grecia, un proceso que reproduce paso a paso y con precisión
matemática todo lo sucedido meses antes a este otro lado del Mediterráneo, y
que, por tanto, hace tremendamente previsible el futuro inmediato. ¿Y qué es lo
que va a pasar? En principio, se tomarán las llamadas “medidas para frenar el
déficit” (aunque el déficit real poco tenga que ver con el montante de las
deudas y con el verdadero origen de la llamada “crisis”). Medidas como:
recortes progresivos en sueldos y pensiones (aunque se jure y se perjure lo
contrario); reducción drástica del salario mínimo y cuestionamiento del propio
concepto; debilitamiento del concepto de convenio laboral y sustitución del
mismo por la negociación individual de los contratos; despido progresivo de
miles de funcionarios a través de distintos subterfugios (como el paso a una
“reserva” provisional); abaratamiento del despido en el sector privado como
acto reflejo de las prácticas gubernamentales en el sector público; planes de
privatización de bienes nacionales bajo la etiqueta eufemística de “puesta en
valor” (infraestructuras sanitarias, empresas de transporte, suministros de
agua y energía, loterías y quinielas, etc.); injerencia progresiva en la
política de instituciones como el FMI, la Comisión Europea y sus
correspondientes Task Forces; reformas
en la legislación (e incluso en la Constitución) para salvaguardar los
intereses de los acreedores; rescate 1, rescate 2, rescate 3… Todo en un
ambiente de huelgas y manifestaciones bajo control.
El objetivo principal
de este “plan” está claro: sacar provecho de una recesión creada expresamente
para que la riqueza pase a cada vez a menos manos y para que las condiciones que
permiten el enriquecimiento de esa élite sigan mejorando progresivamente. Por
eso, sus acciones en nombre de la “crisis” van encaminadas a la degradación del
mercado de trabajo hasta que todo el mundo esté dispuesto a hacer cualquier
cosa por un bocadillo, al desmantelamiento de los servicios públicos y a su
sustitución por servicios de pago prestados por corporaciones privadas (en las
que tienen parte los propios políticos que favorecen el proceso), al
debilitamiento del ya deficiente sistema democrático…, van encaminadas, en una
palabra, al retroceso del estado social y a la pérdida de conquistas y derechos
adquiridos por la humanidad a través de largos y penosos procesos de lucha.
Y el futuro
próximo depara aún mucho más. Cuando la deuda no se pueda pagar –porque está
previsto que sea impagable-, darán comienzo los procedimientos de cobro
alternativo: privatización de recursos naturales públicos (agua, fuentes de
energía, yacimientos minerales, riqueza forestal, parajes naturales…), creación
de “zonas de economía especial” (es decir, zonas del territorio nacional
cedidas en usufructo a “inversores” y acogidas a regímenes jurídicos, fiscales
y laborales especiales, a conveniencia del “inversor”), relajación de las leyes
que protegen los derechos fundamentales de las personas y su propia integridad,
y toda una serie de pesadillas que ya son realidad cotidiana en muchos lugares
del planeta, algunos bien cercanos.
Este es el plan
para los próximos meses, o, digamos, los próximos años, en esta Europa cada vez
menos política y más financiera. Ante este déjà
vu, en la conciencia de los
“ciudadanos” está ahora seguir sentados en el sofá hasta que todo esté perdido,
o levantarse de una vez y actuar.
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